Hablando Claro Con Vilma Ibarra

Guatemala vive horas cruciales con una intentona de golpe de Estado a fuego lento y artero que amenaza con provocar una inestabilidad que hasta ahora se ha logrado contener. Desde agosto, tras el triunfo electoral inobjetable de Bernardo Arévalo, las estructuras corruptas anquilosadas en las instituciones, un día y otro también, se han empeñado burdamente en desacreditar el proceso y la decisión electoral de la ciudadanía. El último intento es la decisión de los deleznables fiscales Leonor Morales y José Rafael Curruchiche, quienes presentaron los resultados iniciales de una mal habida investigación realizada por ellos acerca del manejo de documentación electoral, que por supuesto califican una alteración de resultados en un software contratado; maniobra para pedir la anulación de las elecciones. Tras conocerse ese disparate, el Tribunal Supremo de Elecciones sostuvo que en nada cambia el resultado de las elecciones y que el torneo no tiene ni puede repetirse. A un mes para que asuma el poder Bernardo Aré

“Vamos a comprar servicios, aplicar el pago compartido y afinar los costos de la Caja para cumplir las metas, vamos a ir contra viento y marea, quienes nos apoyen son bienvenidos y los que no, que no se pongan en nuestro camino”. Esto lo dijo Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante la presentación de la estrategia “Menos espera, mejor servicio”, que conjunta una serie de acciones para disminuir las listas de espera. Entre las posibles soluciones para los asegurados está el co-pago, una figura que implica que para ciertos procedimientos, la CCSS pondría un porcentaje del costo y el paciente asumiría el pago restante. Para esta acción se dispuso presupuesto de ₡200 mil millones. El anuncio del programa desató al instante un aluvión de reacciones adversas urgiendo transparencia respecto de estudios, contratos, soporte financiero y afinamiento de las metas del programa. Para conocer más a profundidad acerca de este tema conversamos con Alvaro Ramos Chaves

“Los audios de la Presidencia”, una serie de revelaciones publicadas por el diario La Nación, con base en grabaciones hechas por la ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, son el pegamento que une una serie de investigaciones en curso que vinculan al presidente Rodrigo Chaves y su círculo más cercano, con órdenes emitidas para la elaboración de contratos, así como el manejo, control y concentración de pautas publicitarias de instituciones estatales. El último capítulo de la saga es el categórico rechazo de la Fiscalía General respecto de la pretendida solicitud del mandatario de detener las publicaciones periodísticas, lo cual implicaría censura previa, una transgresión inaceptable en nuestro Estado de Derecho. Las autoridades reiteraron, en apego a la jurisprudencia vigente, que las grabaciones no califican como conversaciones privadas, ya que tienen relación directa con la disposición de contratos y dineros públicos, en la que habrían participado el gobernante y otros funcionarios de su confi

El Poder Ejecutivo presentó la Política Nacional de Seguridad Pública el 22 de noviembre pasado, pero el enfrentamiento que en esa misma actividad generó el discurso del presidente con la Asamblea Legislativa, truncó las posibilidades de un análisis a profundidad. Esta nueva propuesta tiene cuatro ejes de acción: Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación, cada uno con acciones y objetivos. En la presentación, el jerarca Mario Zamora no eludió la extrema violencia criminal que marca este año, por lo que instó a que el trabajo siga comprometiendo a los tres poderes del Estado y a la ciudadanía, desde una visión integral. Entre las metas propuestas se impone bajar a 480 los homicidios violentos (poco menos de la mitad de los que terminaremos registrando el próximo 31 de diciembre) para el año 2030, así como reducir la tasa de delitos, feminicidios, profesionalizar y fortalecer el trabajo conjunto de los cuerpos policiales, dotarles de mayores re

El vertiginoso inicio de diciembre, que marca el cierre de un trepidante año 2023, nos da cuenta esta semana de dos hechos relevantes en el sistema financiero nacional. El lunes renunció Alberto Dent Zeledón, como miembro y presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Adujo motivos personales y su salida será el 31 de diciembre. El Banco Central deberá nombrar a quien lo sustituya en el contexto inobjetable de la diferencia que ha tenido el ente rector con el Consejo, debido al polémico y sensible asunto del acceso a datos de deudores con identificación por parte del Central. Un día después, este martes, renunció a su cargo el gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, quien confirmó su separación, tras la investigación que se lleva a cabo por la sustracción de ₡3 mil millones. Ambos acontecimientos sin duda impactan y tendrán repercusiones de las que conversamos con el economista, Gerardo Corrales.

La conversación digital y la prominencia en las redes sociales le resultan cada vez menos favorables a la Administración Chaves Robles, a pesar del empeño por mantener estos canales para la difusión de contenidos oficiales. El último reporte de los 21 de este año del Observatorio Digital de la Universidad Latina, lo refleja en sus hallazgos relevantes: los comentarios positivos son ahora 36,1 %, 22 puntos por debajo respecto del inicio de la gestión (52,8 %) los negativos se ubican en 34,6 % y los neutros en 29,3 %. Los negativos respecto del gabinete llegaron a un 52,4 % entre setiembre y noviembre. Las conferencias de prensa, en el último trimestre, reflejan una disminución del 45,46% en la cantidad de dispositivos conectados. Cuando esta medición, en el plano digital, se lleva a los hechos concretos, los mejor valorados fueron las noticias de las calificadoras de riesgo, la baja del marchamo, las informes de reducción de desempleo y los números macroeconómicos; mientras los peor valorados fueron la cifr

La jueza Nancy Hernández López será la nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a partir del primero de enero próximo. Un honor que Costa Rica asume siendo ella la tercera mujer en ocupar esta prestigiosa posición desde que el organismo fue creado en 1969. La CorteIDH es una entidad judicial autónoma del Sistema Interamericano constituida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José y con sede en nuestra capital. Su amplia trayectoria de más de tres décadas en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos la ha llevado a desempeñarse en el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, donde fue magistrada de la Sala Constitucional. Asumió como jueza de la CorteIDH tras la salida de la también connotada jurista costarricense de talla internacional Elizabeth Odio Benito, que la presidió en el periodo 2020-2022. Entre sus sentencias comprometidas con la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas, fig

Celebramos, con alegría y legítimo orgullo, los 75 años de la abolición del ejército; uno de los mayores hitos de nuestra Patria. Un compromiso y un tributo nuestro en favor de la paz universal y la resolución pacífica de conflictos. Costa Rica abolió el ejército el 1• de diciembre de 1948, tras la decisión de la Junta Fundadora de la Segunda República, simbolizada en el “mazazo” del Presidente José Figueres Ferrer al cuartel Bellavista. Este hecho signa la construcción moderna de nuestra identidad, de los valores y la acción política que nos conducen en la convivencia interna y global. Constituye, sin duda, un hecho excepcional en la decisión de forjar una Nación más justa, equitativa y con la capacidad de generar políticas públicas que respondieran a los desafíos más apremiantes de su ciudadanía, centrados en el respeto por la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos de todas las personas, el desarme y, más recientemente, el respeto por el ambiente. La renuncia unilateral al uso de la

Dos recientes golpes a estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas no han hecho, sino confirmar los argumentos y los razonamientos de autoridades policiales y expertos acerca del inmenso poder que han alcanzado estas organizaciones en el país. Se trata del denominado caso Corona, referido a una sofisticada banda que trasegaba cocaína líquida a Israel y Europa. El otro es el desmantelamiento de la primera organización de producción y distribución de fentanilo en Centroamérica. La primera alerta es que son grupos criminales que trabajan con logística, organización, vínculos, recursos millonarios y acción delincuencial en Costa Rica. La segunda es que evidencian una sofisticación, avance y evolución de negocios ilícitos. La tercera tiene que ver con las relaciones que ostentan con autoridades de cierto nivel, con liderazgos territoriales y dentro de las instituciones del Estado. Las grabaciones del caso Corona tienen a las fuerzas policiales y al Ministerio Público investigando los contactos que

Tras siete semanas de guerra, la esperada tregua entre Israel y el grupo Hamás, ha dado un respiro de alivio a la población de la Franja de Gaza. La suspensión de las hostilidades permitió la liberación de personas tomadas como rehenes durante el asalto del 7 de octubre, así como de presos palestinos, en el obligado intercambio que imponen estos conflictos. En los primeros cuatro días del acuerdo, Hamás liberó a 50 rehenes israelíes y 19 extranjeros (en su mayoría trabajadores agrícolas tailandeses). Hasta ahora, Israel liberó a 150 prisioneros. El cese temporal de la confrontación podría volver a prolongarse y permitir la liberación de más rehenes, como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar -principal mediador- al anunciar que por la liberación de cada diez cautivos, se prolongará un día adicional la pausa en los ataques. Durante estos días, los gazatíes aprovecharon el alto al fuego para abastecerse de artículos de primera necesidad. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de

Costa Rica evidencia, cada vez con mayor acento, números rojos en una de las políticas públicas que le ha dado enorme brillo global: la materia ambiental y las acciones de descarbonización de la economía no están siendo congruentes con los esfuerzos históricos de la legislación y las consecuentes políticas públicas. Es tan delicada la situación que a hoy tenemos más áreas protegidas, pero muy pocos recursos para defenderlas. Hay robusta legislación, pero con capacidad institucional disminuida. Se asumieron compromisos ejemplares para la descarbonización, pero se han tomado decisiones que evidencian retroceso en la matriz energética. Otro tema sensible tiene relación con mayor conocimiento acerca del riesgo por impactos naturales, pero mínimos avances en el ordenamiento territorial. En la práctica, decisiones como la aprobación del aumento en la vida útil de la flotilla de transporte público contaminante, el descarrilamiento temporal del tren eléctrico para personas y para carga, las recurrentes intenciones

A propósito de la presentación de la esperada política nacional de seguridad pública, el presidente de la República volvió a agitar las aguas políticas. Su arremetida contra los poderes Legislativo y Judicial fue tal, que trastocó de inmediato el funcionamiento de las sesiones extraordinarias del Congreso, tanto en el plenario como en las comisiones. Por tratarse de un tema tan sensible como la crisis de inseguridad, los acontecimientos obviamente afectan la convivencia cotidiana, pues siguen a la orden del día las preocupaciones por la seguridad y la falta de opciones de empleo. En medio de estas circunstancias, el diario La Nación dio conocer que la investigación policial del denominado caso Corona, que desarticuló una poderosa banda de tráfico internacional de drogas, tiene delicadas ramificaciones que tocan al Poder Ejecutivo. Por otro lado, continua en compás de espera la decisión final del Tribunal Supremo de Elecciones, acerca de la participación o no, de la agrupación cercana a la fracción de gobie

“Durante el 2022 y el primer semestre de 2023, el país consolidó un desgaste de los logros históricos de su desarrollo humano sostenible, así como una mayor incapacidad de su democracia para promoverlo”. Este es la preocupante síntesis que le presenta a Costa Rica el Informe Estado de la Nación 2023, que se suma a alertas que nos señalan ser una democracia con problemas que solucionar antes que evadir o justificar. Hemos hecho los esfuerzos por ser una sociedad que tomó decisiones y acciones de política pública para fomentar y diversificar la producción, pero hoy nos muestra exclusión, desigualdad y brechas. Por un lado, la promoción de exportaciones y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) muestran éxito, pero otros sectores denotan crisis estructurales del un crecimiento económico desequilibrado que son un freno al desarrollo humano y que tienen impactos profundos en las poblaciones, los sectores y los territorios más vulnerables. El informe nos ofrece una cantidad de información que iremos

Una nueva versión más y la administración Chaves Robles presentó lo que denomina la Política Nacional de Seguridad Pública. Esta la podemos dividir en dos actos, para lograr entender lo sucedido en la Academia Nacional de Policía, en Guápiles. En el primero, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y sus dos viceministros, Erick Lacayo y Manuel Jiménez, esbozaron cuatro ejes de acción. Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación, cada uno con acciones y objetivos. El jerarca no eludió que este es el año más violento, en cuanto a criminalidad y enfrentamiento de grupos e insto a que el trabajo siga comprometiendo a los poderes del Estado, a la institucionalidad y ciudadanía, desde una visión integral. Como metas se imponen reducir a 480 los homicidios violentos para el año 2030, así como reducir la tasa de delitos, femicidios, profesionalizar y fortalecer el trabajo conjunto de los cuerpos policiales, dotarles de mayores recursos, tecnología y cap

Es un problema en el cual todas las personas tenemos responsabilidad, pero para solucionarlo no la asumimos, miramos hacia otro lado o la echamos en cualquier sitio, para que otros la asuman. Con datos del año 2021, del Ministerio de Salud, en Costa Rica producimos 1.6 millones de toneladas de residuos ordinarios, con una tasa de recuperación de un 6.9 %. De ese total, 1.3 millones de toneladas se generaron en hogares y 291 mil toneladas en comercios y otros. El país cuenta, desde la Constitución Política, leyes y reglamentos para la gestión integral de desechos y para el manejo de rellenos sanitarios públicos y privados, pero aun así no se logra establecer una estrategia nacional de economía circular que implica reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. Por ley el manejo de la basura es responsabilidad de las municipalidades, pero investigaciones concluyen que un 62 % de los municipios no cuentan con un plan regulador que les

La economía de Cosa Rica crecerá este año un 5,3 %, más alto de lo previsto, la salud fiscal del país es óptima y la inflación está controlada. Todos estos elementos son considerados un éxito y ayudan a presentar número positivo de la gestión gubernamental. Eso sí, el año entrante el crecimiento proyectado bajará y aun con estas condiciones macroeconómicas buenas, no se tiene prevista una baja en las tasas de interés que tengan incidencia directa en mejores condiciones para las personas, familias y sectores productivos, en medio de un año con una baja en el precio del dólar respecto del colón. Ya economistas advierten que los vientos favorables de las condiciones internacionales que ayudaron en esto no serán tan propicios, así como otras condiciones internas que nos presentan un 2024 de desafíos por enfrentar. Pero todo esto. ¿En qué beneficia, en el día a día, en el bienestar general de la población? ¿Cómo se refleja en el costo de la vida y el acceso más barato al dinero? Estos son parte de las incógnita

Argentina resuelve su más estrepitosa jornada electoral y Javier Milei, ultraderechista y liberal, ganó la segunda ronda y se convierte en presidente electo y abre una nueva etapa de la vida política, económica y social, al emerger una fuerza, que conjunto el descontento y le permitió derrotar a los partidos tradicionales. En el fondo una nación con una crisis estructural que le da un mandato contundente en las urnas, pero precario en el resto del Estado con solo 37 representantes legislativos y 8 senadores. Todas las cartas abiertas para determinar cómo será su comportamiento como gobernante, la moderación ante sus promesas y el papel que tendrá la oposición. Culminada la elección hay que analizar los elementos que llevaron a este resultado, cómo se conformará gobierno para el traspaso de mando el 10 de diciembre y el arranque de reformas que exige una ciudadanía polarizada, demandante y vigilante. Ante esto Milei en su discurso de victoria es claro al señalar que “hoy comienza la reconstrucción de la Arg

Fue, sin duda, la noticia política de la semana: la Sala Cuarta determinó la inconstitucionalidad del controversial proyecto de jornadas 4x3, debido a un vicio sustancial en el procedimiento legislativo. Borrón y cuenta nueva. El Ejecutivo, en respuesta a esa decisión que acabó con el proyecto tal cual se estaba tramitando, aspira ahora a recomponer la alianza de cuatro partidos políticos y una mayoría de los de Liberación Nacional para, básicamente, hacer un nuevo expediente que logre llevar a término esa iniciativa en la que ha empeñado una significativa apuesta de capital político, que no está dispuesto a perder. Este cambio significativo de condiciones de jornada laboral ha sido un tema en extremo polarizante. Tanto que ahora que los magistrados confirmaron la irregularidad del procedimiento se volvió a abrir la polémica: el gobierno y quienes apoyan las jornadas flexibles aseguran que no tenerlas pone en riesgo las inversiones planificadas por empresas multinacionales y en peligro la llegada de nuevas

La paciencia de la población cartaginesa sigue a prueba por la manera en que se posterga, con todo tipo de argumentaciones, la cada vez más urgente adjudicación para empezar a construir el nuevo hospital de la provincia. En punto a esta truncada situación, dos hechos relevantes han ocurrido en los últimos días: primero, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó la viabilidad ambiental al proyecto con un pronunciamiento contundente: “puede concluirse que no existe evidencia de la presencia de la proyección superficial de una posible ruptura del sistema de fallas de Aguacaliente o de alguna de sus posibles ramificaciones, en el terreno en donde se construirá el hospital nuevo de Cartago. Esta afirmación se fundamenta en la reinterpretación especializada y detallada de todos los estudios realizados hasta la fecha: geología, geofísica, geotecnia, trinchera y amenaza sísmica”. El otro elemento se dio a conocer este miércoles y aunque no resultó sorpresivo, era necesario de finiquitar: el Consejo U

El pasado 7 de octubre sorprendió a Israel una incursión terrorista que desató la guerra en Gaza.  Desde entonces el panorama está signado por bombardeos, invasiones terrestres y la muerte de civiles y rehenes.  El balance es desolador: 11 mil fallecidos y 242 rehenes, de los cuales 57 habrían muerto ya, son algunas de las más trágicas estadísticas de este escenario explosivo de confrontación.  Pero hay también 2.2 millones de desplazados, de los cuales la mitad serían menores de edad. Fuera de servicio están más de la mitad de hospitales y centros médicos de la Franja de Gaza, lo que acelera una crisis sanitaria, a la que se suma una muy limitada logística de entrega de alimentos y medicinas.  Otras alertas son la escasez y mala calidad del agua, así como un precario suministro de energía eléctrica que asfixia a la población gazatí.  Hasta ahora han sido inútiles los llamados de países y organismos internacionales para encontrar condiciones mínimas que den cabida a un cese al fuego.  Para poner en pers