Hablando Claro Con Vilma Ibarra

Para poder dimensionar la ola de criminalidad y violencia que atraviesa el país, es necesario conocer y tratar de comprender aristas de la problemática que van más allá de las dramáticas cifras de homicidios y de la urgencia de dotar de mayores recursos a los cuerpos policiales. Una serie de reportajes del Semanario Universidad colocan luz en datos y hechos relevantes del fenómeno y su impacto en el país. Hablamos de la abrupta caída este año en los decomisos de drogas, la disminución de capturas de personas vinculadas al narco, el crecimiento de las bandas criminarles que operan en el territorio nacional, las bajísimas cantidades de comisos (₡2 millones y $1.400) que son recursos que se trasladan a las policías. Y obviamente, mientras eso sucede, la inseguridad crece: aumentan exponencialmente los asesinatos, crecen las denuncias por extorsiones y peajes en cinco de las siete provincias del país y registramos las cifras más bajas en inversión social en el país. Todo esto refrendado por la acongojante ause

Como un monumental error de la inteligencia y la seguridad israelí. Así se explica el certero y despiadado ataque de la organización extremista Hamás y el inicio de una nueva guerra en una zona caliente del planeta. Ahora es Oriente Próximo. Una vez más el mundo se enfrenta al riesgo de una peligrosa escalada en una región marcada por la rivalidad entre grandes potencias, países rivales y facciones de variada índole. Un primer desgarrador balance son las más de 1.500 personas muertas, casi 7 mil heridas y al menos unos 130 rehenes. En el escenario una exaltación superlativa de las posiciones: Hamás amenazando con matar un rehén por cada ataque israelí no notificado e Israel sitiando Gaza y bloqueando el suministro de energías, agua y alimentos . Y en tanto avanza el diseño de un gobierno de emergencia nacional con la oposición , la movilización en curso de actores internacionales e incipientes contactos para intentar provocar lo que parece imposible en este momento: una disminución de la escalada. ¿Qué fa

Esta era la crónica de una muerte anunciada: durante 18 meses, en medio de precarios disimulos y artificios, mantuvieron las discrepancias más o menos controladas. Pero los endebles puentes terminaron de dinamitarse a inicios de agosto, cuando nueve de los 10 diputados le dieron su adhesión pública al nuevo partido taxi “Aquí Costa Rica Manda” repudiando a Progreso Social Democrático, el mismo partido que los había llevado a las curules que habrán de ostentar hasta el 30 de abril del 2026. En esa oportunidad, Pilar Cisneros acusó a Luz Mary Alpízar, la legisladora que quedaba sola, de estar en contra del rumbo oficialista. Y Paola Nájera fue más allá asegurando que la fundadora del PPSD había actuado como "copia al carbón de los partidos tradicionales que han sido maestros de la corrupción", dejando a la interpretación de cada uno lo que fuera que eso quería decir. Debajo de ese puente, pasaron acusaciones mutuas, reclamos airados, palabras fuertes como traición y abandono de ideales; pero por encima de to

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) estimaba en 330 mil las personas que habían cruzado este año la peligrosa selva del Darién en su angustioso caminar hacia el omnipresente sueño americano. Es una cantidad inmensa, pero menor a los 400 mil que ya reportaba Migración de Panamá el 23 de setiembre. La cifra es tan cambiante como la dinámica migratoria misma, pues la Fundación Panamericana para el Desarrollo ya sitúa en 417 mil los seres humanos que pasaron el tapón que une Suramérica con el Istmo. En todo caso, nuestras propias autoridades migratorias dicen que cada día pasan el cordón fronterizo entre 2,500 y 3,000 migrantes, la quinta parte de ellos niños y menores de edad. Ese flujo, compuesto en su mayoría por venezolanos, haitianos y ecuatorianos, es el más alto registrado en la historia y sobrepasa las capacidades instaladas, los recursos y la mejor respuesta humanitaria posible. En el contexto de esa admisión de restricciones, el Poder Ejecutivo emitió el 29 de

Son días intensos en el abordaje de la acuciante situación de la inseguridad ciudadana, marcada esta semana por una reunión (protocolaria) de muchas autoridades de los tres Poderes de la República, que quedó eclipsada por el vil asesinato del oficial Jeiner Gómez (41) el miércoles por la noche. Las reacciones fueron inmediatas. Pero las soluciones (incluso las más imperiosas) tardarán bastante más. Urgen clamor de las autoridades del OIJ y la Fiscalía, muchos más recursos económicos para contratación de policías, compra de equipos, patrullas y sistemas de inteligencia, con los cuales enfrentar a un enemigo poderoso, con influencias y sin límites de dinero. Pero no hacemos nada con negar la realidad política: aunque hubo una momentánea línea discursiva del Ejecutivo para bajar el tono, duró tan solo unas horas. Y de nuevo este jueves el gobierno repartió responsabilidades e incluso exigió al Fiscal General que le entregara la política de persecución penal. El jerarca del Ministerio Público, Carlo Díaz, respo

La tragedia de los femicidios tiene implicaciones tan profundamente dramáticas que extienden el círculo de violencia y lo amplifican hasta cobrar la vida de otras víctimas del entorno. La terrible muerte Britney Vílchez, de tan solo 13 años de edad, vuelve a poner en la discusión pública la inmensa responsabilidad que arrastramos en el Estado costarricense ante este flagelo. La corta existencia de Britney fue un largísimo calvario. Cuando tenía seis años y su hermanito apenas uno, en 2016, el padre les mató a su mamá Margarita Espinoza (27 años) y a su abuelita doña Mayela Arce. Pero ella no recibió atención médica ni psicológica oportuna y el pasado 22 de setiembre, tan solo veinte días después de ser diagnosticada de un tumor cerebral, falleció sola en una cama del hospital México. El reconocido activista en la defensa de los derechos de víctimas de femicidio, Oscar Morera, asegura que la inacción gubernamental, de la que achaca responsabilidad directa a la ministra de la Condición de la Mujer, terminó co

En medio de la peor crisis de seguridad que vivimos, con cifras históricas en homicidios, producto de una ola de violencia extrema y ajustes de cuentas entre bandas y, muy recientemente además, con señalamientos de posibles negociaciones entre el gobierno y grupos del crimen organizado, se llevó a cabo una reunión "de emergencia" de los tres Poderes del Estado; esta vez convocada por el presidente de la República. Fue el segundo encuentro en un año. Horas antes, el lunes, la Asamblea Legislativa dispensó de todo trámite siete proyectos de ley en materia de seguridad, con la intención de fortalecer el sector ante la grave crisis que se vive; uno de ellos para exonerar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del IVA con la intención de darle espacio con recursos económicos. No obstante, la iniciativa por ahora no cuenta con el apoyo de Hacienda, ni de la fracción de gobierno; es decir, de Zapote. Por ello, en el encuentro de este martes, el Poder Judicial insistió en la urgente necesidad de refo

Luchando contra una institucionalidad maltrecha, los guatemaltecos atraviesan por una coyuntura decisiva en la que aspiran a mejorar la condición de su establecimiento democrático. Para entender lo que allí sucede hay que poner foco -entre otras causas estructurales- a la solvencia del aparato de administración de justicia, sobre el que descansa en un Estado de Derecho, la preservación de garantías constitucionales individuales y colectivas. El primer elemento sensible en esta materia tiene que ver con la escogencia de los operadores de justicia, porque si los procesos no tienen garantías de imparcialidad, confianza y credibilidad en la selección de las personas más idóneas, sino que, por el contrario, son viciados por la injerencia de poderosos grupos políticos, económicos y sectoriales que colocan a los jueces, fiscales y magistrados que les favorezcan, todo el andamiaje queda vaciado de contenido. Una investigación de estos procesos durante los años 2004-2009 y 2014 proporcionan evidencia útil acerca de

La libertad de expresión, la libertad de prensa y las relaciones entre medios de comunicación y poder político, no pasan por buenos tiempos en Costa Rica. Algunos datos así lo evidencian: -El 63% de la población asegura conocer de ofensas contra periodistas en este año. -El 48% indica que es peligroso trabajar como periodista. -Un 54% percibe censura o limitaciones de personas en general a expresar sus pensamientos. -Y un 43,5% de la población considera que el gobierno de Rodrigo Chaves irrespeta la libertad de prensa y de expresión. Estos son solo algunos de los resultados de una reciente encuesta hecha por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) por encargo del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Para ampliar acerca de las valoraciones obtenidas en este estudio científico nacional conversamos con los periodistas Guiselle Boza y Óscar Jiménez del PROLEDI.

Con el fin de mes, llegan buenas noticias desde la Asamblea Legislativa para los propietarios de vehículos. Se aprobaron dos proyectos de ley que tienen incidencia directa en el pago del marchamo. El primero fue impulsado por la bancada Liberal Progresista y logró -contra pronóstico inicial y tras muchas negociaciones- un acuerdo unánime para reformar el método de cálculo del monto para el pago del impuesto a la propiedad de vehículos, el componente de mayor peso en el costo total del marchamo. Los autos con menor valor fiscal pagarán menos respecto de los de mayor valor. La iniciativa garantiza también una disminución por emisiones contaminantes para los vehículos de hasta nueve años de antigüedad, así como un mecanismo de reducción anual en el costo por depreciación. En plata blanca, los rebajos van desde los ₡13 mil a los ₡113 mil. El segundo proyecto aprobado fue impulsado por Liberación Nacional y aunque no obtuvo el apoyo de la fracción oficialista, logró la condonación para todos aquellos que tenga

La temperatura política de estas semanas ha vuelto a escalar en los termómetros que inútilmente intentan equilibrar las relaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde Zapote, una vez se produjeron reacciones altisonantes del presidente Rodrigo Chaves, ante el resello de la ley que sacará a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. El mandatario calificó de “cínicos, vergonzosos y antipatrióticos” a los 38 que ratificaron la ley; incluso llamó “Judas” a la legisladora Luz Mary Alpízar, la presidenta del partido que lo llevó al poder, a quien horas antes la jefa del oficialismo llamó “traidora, traidora”. Desde Cuesta de Moras las respuestas fueron muy fuertes y una vez más, el presidente Rodrigo Arias, exigió respeto a la Asamblea Legislativa, evaluando las palabras del gobernante como “desafortunadas, innecesarias e inaceptables”. El enojo focalizado en la diputada Alpízar, devino del hecho de que su voto fue determinante para que el Congreso alca

Si nos apegamos a los plazos establecidos por la Sala Constitucional, en tan solo tres meses más (diciembre) debería estar resuelto un problema que por décadas se ha venido acumulando en algunas comunidades del verde y productivo cantón de Oreamuno de Cartago. La zona de productores de verduras, hortalizas, frutas y pastos para ganado lechero, vive hoy las consecuencias del dañino fungicida clorotalonil, que ha sido utilizado en exceso -obviamente, sin controles- y sin restricciones de política pública de ninguna naturaleza, a pesar de tratarse de una sustancia con potencial cancerígeno prohibida en Estados Unidos y Europa, porque puede contaminar las fuentes de agua, dañar la salud humana y provocar daños ambientales. En la zona alta de Cartago, lo que era un secreto a voces, culminó en una alerta sanitaria hace tres años, cuando se prohibió el uso de agua para consumo humano de unas seis nacientes de Cipreses y Santa Rosa, cuyas ASADAS proveen el recurso hídrico a esas comunidades. Los análisis del Insti

Pasar lista a las alertas sanitarias emitidas las últimas semanas en el país nos pone de frente a los riesgos e implicaciones de salud comunitaria que estamos enfrentando. Un repaso que nos debe ocupar, más que preocupar, apunta a la baja de los índices de vacunación que ha caído en promedios peligrosos; por otro lado, no hay información acerca de hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19; la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños está al 214% de ocupación por virus respiratorios y 10.236 casos de dengue reportados a setiembre, parece que se siguen extendiendo. A este panorama se sumó el fin de semana la alerta por contaminación de agua en el populoso cantón josefino de Alajuelita, que aun cuando fue descartada este lunes, mantiene ocupados a los equipos de salud y las familias de la zona por el brote de diarreas detectado. A la lista hay que agregar la falta de resolución por la severa crisis de contaminación del plaguicida clorotalonil en Oreamuno de Cartago. Para ampliar ace

El aumento en la cantidad de homicidios, en la violencia y la saña con que se cometen, así como el hecho de constituirse en un fenómeno extendido por todo el país, tiene encendidas muchas alarmas. La semana pasada convirtió este año en el más violento de toda la historia de Costa Rica, aun faltando tres meses para que concluya. Sin duda la situación tiene desbordados a los cuerpos policiales, con especial foco en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) responsable de la recolección de indicios, custodia de pesquisas e investigación de todos los casos pendientes; labor que realiza con el mismo personal, equipos y recursos económicos. La tasa de homicidios del 2022 fue de 12,6 por cada 100 mil habitantes. Al 22 de setiembre de este año se contabilizaron 656 homicidios, la misma cifra de los doce meses anteriores, para un incremento del 46,2 % y -de acuerdo con los especialistas- no parece haber forma de que la tasa no continúe en ascenso. Para ampliar acerca de cómo enfrentar la crisis de seguridad ciu

La presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en el pleno del 78° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue tan notoria como la ausencia de cuatro de los cinco poderosos integrantes del Consejo de Seguridad. Solo el estadounidense Joe Biden se presentó a la cita, lo cual se da siempre por sentado. Ciertamente, nadie esperaba a Xi Jinping y mucho menos aún a Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de captura internacional, pero la ausencia de Francia y Reino Unido sí fue objeto de señalamiento. ¿Cuánto peso le otorgan los grandes hoy al multilateralismo diseñado tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Es que acaso el G7, que se reunió en la Cumbre de Hiroshima en mayo, o el G20, que se encontró hace apenas dos semanas en la India, concitan hoy más interés que congregarse alrededor de los muy limitados alcances de los objetivos de desarrollo sostenible, que evidencian retrasos prácticamente en todas sus metas? ¿Y qué decir de la crisis migratoria, hoy en un punto de

Las denuncias de la Policía de Control de Drogas (PCD) y de Vigilancia Aérea, respecto de la desmovilización de los oficiales de detección de drogas en puertos, muelles y aeropuertos, así como el desmentido del ministro de Seguridad al respecto, dejaron al descubierto dos asuntos sustantivos: por un lado, que hay en curso un plan de reorganización del trabajo de los policías administrativas del país del cual no teníamos conocimiento y, por otro, que existen fuertes tensiones a lo interno de una cartera ministerial que resulta neurálgica en la coyuntura que vivimos. Esto ocurre cuando el país enfrenta la ola de criminalidad más grande de su historia, por pugnas entre bandas que defienden territorios para el almacenaje, custodia y distribución de drogas. Este martes contabilizábamos 649 asesinatos violentos en lo que va del 2023, con lo que hemos pasado en tan solo dos años a triplicar el promedio diario de homicidios, de 1.4 a 4.2 de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial. Tal es la realid

Solo considerando el desgaste propio del ejercicio del poder desde el Ejecutivo, la última encuesta nacional de opinión pública apunta a una disminución de las valoraciones positivas que, en la medición anterior de abril, le otorgaban a la Administración Chaves Robles 63 puntos. Y si bajan las opiniones positivas, la correlación apunta al incremento, ya como tendencia, de las opiniones negativas. El cuarto estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP-UCR, de estas últimas horas, nos presenta el panorama respecto de la calificación actualizada del gobierno, del mandatario, la Asamblea Legislativa y las principales problemáticas que desde la perspectiva ciudadana, afectan al país. En esta oportunidad, el estudio también nos ofrece una primera aproximación al termómetro de las elecciones municipales del primer domingo febrero próximo. Para develar los datos y poder realizar las comparaciones, conversamos con Ronald Alfaro, coordinador del equipo investigador del CIEP.

No hay otra manera de decirlo y por ventura es así: nuestra institucionalidad responde al clamor que lanzamos por una sociedad que aspira a lograr la igualdad en derechos y oportunidades. Y eso nos renueva las esperanzas. Este lunes los y las diputadas, por la calificada mayoría de 38 votos, designaron como magistrada de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia a la doctora en derecho penal Patricia Vargas González, la mejor calificada con 89.56 puntos en el proceso de selección. Vargas, quien será juramentada por la Asamblea legislativa el próximo jueves, será la octava jueza de un cuerpo colegiado de 22 integrantes, 14 de los cuales son magistrados, con lo cual aún hay camino que recorrer para establecer la paridad y saldar la deuda histórica que tiene la sociedad costarricense para con la igualdad en la impartición de justicia. Y el tiempo es ahora: quedan sin nombrar por el momento otra magistratura en la Sala Primera y una especialmente sensible en la Sala IV para ocupar el puesto que dejó vacante

Por los plazos establecidos, por haber hecho todo contra reloj (muy a la tica), por los intereses en juego de actores política y económicamente poderosos y por lo complejo de la materia, todo apunta a que Costa Rica, al menos por un tiempo indefinido más, seguirá siendo parte de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. El cuento es difícil, aunque lo que exigen los europeos es muy sencillo de resolver: debíamos corregir nuestra legislación tributaria para no favorecer, como actualmente está establecido, lo que se conoce como la doble no imposición que permite que no tributen sobre sus rentas pasivas ni en Costa Rica ni en Europa empresas o personas físicas europeas. Es decir, que igual que debe imperar la protección para que no se afecte a personas y empresas con dobles imposiciones, no debe existir laxitud tal que algunos astutos no paguen tributos por rentas ni en una jurisdicción ni en la otra. El caso es que en lugar de hacer una reforma simple, sencilla y “limpia” para

Celebrar la independencia patria nos permite repasar episodios de la historia y dimensionar algunos de los hitos que han ido conformando la identidad de Costa Rica, como una nación libre, democrática, independiente y pluricultural. A 202 años de esta gesta volvemos a recordar las condiciones políticas, económicas y culturales que tenían nuestros antepasados, para poner en perspectiva la Nación que hemos forjado, con sus aciertos y sus desafíos. Rendimos honor al volver a reconocer los esfuerzos bicentenarios en la construcción de las estructuras democráticas, jurídicas, educativas y de convivencia hacia un Estado Social de Derecho. Hitos que se revaloran desde el año 1812, con la Constitución de Cádiz, el acta de independencia de 1821, la guerra de Ochomogo, los intentos para establecer la fallida República Federal de Centroamérica, la época liberal y las garantías sociales que son pilares fundamentales y las reservas para enfrentar los retos del presente. Hacemos esta revisión con la catedrática, investi